El pasado 10 de diciembre, en el Salón San Sebastián de la Municipalidad Provincial de Huánuco, estuvieron reunidos los representantes del Ministerio Público y de la Dirección General de Búsquedas de Personas Desaparecidas del MINJUS, junto a los familiares de las víctimas de la violencia política ocurrida entre los años 1980 – 2000, en las provincias de Marañón, Leoncio Prado y Dos de Mayo, de la región Huánuco; a quienes les entregaron los restos óseos y elementos asociados de sus familiares, víctimas de la guerra vivida en esta parte del Perú, a quién el Estado peruano lo denomina conflicto armado.
Los restos entregados pertenecen a las siguientes personas: Jorge Luis Saldaña Briceño, Luis Melgarejo Vásquez, Ricardo Huayanay Romero, Alberto Enrique Chacpa Paredes, Rolando Chujundama Isuiza, Antonio Alejandro Cruz Irribarren, Eleodoro Minaya Serafín, Floro Minaya Serafín, Wenceslao Briceño Castillo e Ignacio Aquino Virgilio.
Conversando con la señora Tania Salas Mozombite, esposa de Antonio Alejandro Cruz Irribarren (de 33 años), asesinado a primeras horas de la mañana un 14 de setiembre de 1994, en su casa ubicada en el caserío 7 de octubre (a 14 kilómetros al norte de Aucayacu) -hoy perteneciente al distrito de Pucayacu-, por miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso. En diálogo con la esposa de la víctima, la señora Tania Salas, quien recibió los restos óseos de su esposo en la diligencia del pasado 10 de diciembre, nos manifestó que
“cuando falleció (su) esposo, la verdad, se fue con él todo nuestro futuro […], pedíamos al Estado que nos protegiera pero no hacia nada. Ese año era presidente Alberto Fujimori […]. Esto (la herida) nunca nos va a pasar. Agradecemos a la Dirección General de Búsquedas de Personas Desaparecidas que nos ha apoyado, pero esta herida nos la vamos a llevar hasta la muerte”.
Recordando las recomendaciones de la CVR -Comisión de la Verdad y Reconciliación- quien señala que las reparaciones a las víctimas deben ser integrales, resulta que en el Alto Huallaga estas reparaciones han sido como un “saludo a la bandera”. No es suficiente haber entregado algo de dinero (10 mil soles) a toda la familia, no es suficiente unos cuantos encuentros con el psicólogo en la ciudad de Huánuco, no es suficiente las becas de estudios entregados a algunos jóvenes. Todavía hay una deuda del Estado para con las víctimas de la violencia. Estas limitaciones re – victimizan a los deudos.
Todavía no hay un trabajo serio en el campo de la salud mental en esta parte del país. Recordemos que José Crespo y Castillo ha sido considerado por la CVR como el distrito con mayor afectación durante el tiempo de la violencia política.
Han pasado más de veinte años que supuestamente se ha trabajado el tema, pero en realidad los testimonios evidencian lo contrario.
Nos preguntamos: ¿y qué de las víctimas de la violencia política desde el año 2000 hacia adelante? Esto tanto en el Valle del Alto Huallaga como en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.
Un proceso de reconciliación nada trabajado. Es una tarea urgente para alguien que realmente quiere ser autoridad en los lugares donde las heridas están abiertas.
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